La propuesta de registrar líneas telefónicas móviles en México ha generado una fuerte reacción entre usuarios, organizaciones civiles y especialistas en protección de datos personales. Aunque las autoridades argumentan que la medida busca fortalecer la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, una parte importante de la población manifiesta desconfianza sobre el destino que tendrán sus datos personales.

Si bien la medida ha sido bien recibida, también ha despertado dudas sobre la alfabetización digital de este sector, así como la necesidad de garantizar tarifas accesibles y conductores sensibilizados.

Organizaciones de la sociedad civil, como México Unido por el Envejecimiento Activo, han pedido que se acompañe esta estrategia con campañas de formación digital básica para adultos mayores, y se habilite una línea telefónica de atención exclusiva.