La propuesta de registrar líneas telefónicas móviles en México ha generado una fuerte reacción entre usuarios, organizaciones civiles y especialistas en protección de datos personales. Aunque las autoridades argumentan que la medida busca fortalecer la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico, una parte importante de la población manifiesta desconfianza sobre el destino que tendrán sus datos personales.