Gobierno prepara “recorte” para reducir altas pensiones de exfuncionarios de confianza

Ciudad de México.— El Gobierno federal alista una reforma para revisar y reducir las pensiones elevadas que reciben exfuncionarios de confianza, especialmente aquellos que ocuparon cargos de alto nivel en administraciones pasadas. La iniciativa busca corregir desigualdades en el sistema de retiro, fortalecer las finanzas públicas y liberar recursos para programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

De acuerdo con información preliminar, la propuesta será analizada en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el objetivo de establecer nuevos criterios para el cálculo y otorgamiento de pensiones financiadas con recursos públicos.


¿Qué es el “recorte” a pensiones?

El llamado “recorte” consiste en una revisión integral de los montos que reciben exservidores públicos que no cotizaron bajo los esquemas tradicionales de seguridad social, pero que obtuvieron beneficios especiales por su posición jerárquica.

En muchos casos, estas pensiones superan ampliamente el promedio que recibe un trabajador jubilado, generando un gasto anual significativo para el Estado. La propuesta plantea:

  • Establecer topes máximos a las pensiones.
  • Ajustar beneficios que no estén debidamente justificados.
  • Eliminar privilegios heredados de regímenes especiales.
  • Transparentar los padrones de beneficiarios.

¿Dónde se aplicará la medida?

La reforma tendría alcance nacional y se implementaría en dependencias federales, organismos descentralizados y empresas del Estado que hayan otorgado pensiones extraordinarias a exfuncionarios de confianza.

Entre las instituciones que podrían ser auditadas se encuentran secretarías, institutos, fideicomisos y entidades paraestatales que operan con presupuesto público en todo México.

Asimismo, los congresos locales podrían replicar este modelo en sus entidades, en caso de que se detecten esquemas similares a nivel estatal.


¿Cuánto dinero se pretende recuperar?

Aunque aún no existe una cifra oficial definitiva, estimaciones internas señalan que el ajuste podría representar un ahorro anual de entre 3 mil y 7 mil millones de pesos, dependiendo del número de pensiones revisadas y del nivel de reducción aplicado.

Actualmente, algunos exfuncionarios reciben pensiones mensuales que superan los 100 mil pesos, lo que contrasta con los ingresos promedio de los jubilados del sistema público, que rondan entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales.

Con el recorte, se busca que ningún beneficiario reciba montos que excedan los límites establecidos en la ley o que no correspondan a sus aportaciones reales.


¿A dónde se destinarán los recursos ahorrados?

Los recursos recuperados serían canalizados principalmente a programas de apoyo social, enfocados en:

  • Adultos mayores sin pensión.
  • Personas con discapacidad.
  • Madres trabajadoras.
  • Jóvenes en situación de vulnerabilidad.
  • Familias en pobreza extrema.

Autoridades hacendarias han señalado que el objetivo central es reforzar la política social y ampliar la cobertura de apoyos directos, priorizando a quienes no cuentan con ingresos estables.


¿Dónde se puede obtener el apoyo social?

Las personas interesadas en acceder a los programas financiados con estos recursos pueden acudir a:

  1. Módulos del Bienestar en sus municipios o alcaldías.
  2. Oficinas regionales de la Secretaría del Bienestar.
  3. Portales oficiales del Gobierno federal.
  4. Jornadas de registro comunitario.

Además, se recomienda consultar directamente los sitios oficiales y redes institucionales para conocer convocatorias, requisitos y fechas de inscripción.


Reacciones y debate público

Especialistas en finanzas públicas han señalado que la medida es positiva para reducir privilegios históricos, aunque advierten que debe aplicarse con criterios técnicos y respeto a los derechos adquiridos conforme a la ley.

Por su parte, algunos exfuncionarios han expresado inconformidad, argumentando que los ajustes podrían afectar acuerdos previamente firmados. No obstante, el Gobierno sostiene que no se vulnerarán derechos legítimos y que solo se corregirán excesos.

Organizaciones civiles también han solicitado que el proceso sea transparente y que los resultados se hagan públicos para fortalecer la confianza ciudadana.


Próximos pasos

Se prevé que en los próximos meses la iniciativa sea presentada formalmente ante el Congreso, para su análisis en comisiones y eventual votación. De ser aprobada, los cambios podrían comenzar a aplicarse a partir del siguiente ejercicio fiscal.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información sobre los esquemas de pensión vigentes y elaborando un padrón nacional de beneficiarios.


Fuentes de información

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